Durante esta jornada se dió a conocer una reunión en la que representantes del Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, habrían comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado chileno ya habría dado cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que, entre otros, buscaba impulsar el matrimonio igualitario en el país.

 

Esta mañana el diario La Tercera dio cuenta de una reunión -realizada el 2 de octubre en Estados Unidos- entre representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Cancillería, los abogados de Movilh, Ciro Colombara y Hunter Carter (quienes son peticionarios en el ASA), y el relator de la CIDH para Chile, Luis Ernesto Vargas, en la que el Gobierno habría dado por cumplidos los puntos del acuerdo y argumentado que “el Estado chileno no está obligado a impulsar ni lograr aprobar el matrimonio igualitario”.

 

Ante esto, el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, refutó los dichos del Gobierno, asegurando que éste no ha cumplido completamente con lo establecido en el ASA, particularmente a lo que hace referencia a “adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluso las de promoción, para impulsar el matrimonio igualitario como un asunto de legítimo interés para una sociedad democrática e inclusiva”.

 

Pi agregó que “el Ejecutivo es colegislador con el Congreso, y por tanto tiene un rol principal en la tramitación y aprobación de leyes. Es más, tiene todo un ministerio dedicado a su función legislativa, que es la Secretaría General de la Presidencia. Si bien el gobierno no puede obligarse a algo que no le corresponde por sí solo, no significa que no pueda impulsar el proyecto, especialmente cuando tiene herramientas para hacerlo, como las urgencias”.

 

Finalmente, Pi hizo un llamado al poder Legislativo a dar un paso adelante y dar cumplimiento a los compromisos internacionales que el Ejecutivo se estaría negando a realizar. “El Gobierno tiene las herramientas para cumplir el Acuerdo de Solución Amistosa. Sin embargo, si el Ejecutivo decide no cumplir con las obligaciones del país, entonces debería ser el Senado el que cumpla la palabra del Estado chileno, iniciando a la brevedad la discusión del proyecto de ley presentado el año pasado”, dijo Pi.