Por Francisco Amar, Comisión de Comunicaciones
La madrugada del sábado 3 de marzo, Daniel Zamudio de 24 años fue encontrado en el Parque San Borja de Santiago con graves lesiones a causa de una golpiza, propinada por jóvenes de tendencia “neonazi” debido a su orientación sexual. Diversos golpes propinados con objetos contundentes y marcas en su cuerpo con forma de esvásticas, lo llevaron a permanecer en estado grave y bajo un coma inducido en la sección de Urgencia de la Posta Central.
Si bien en un comienzo se apostó a que la salud de Daniel mejoraría e incluso pudo recuperar la conciencia por breves momentos, el paro cardiorrespiratorio que sufrió el lunes 19 lo dejó con secuelas irreversibles, para pasar de un probable estado vegetal a mediados de semana hasta la declaración definitiva de su muerte cerebral el día sábado 24. “Su desenlace fatal debiera ocurrir en las próximas 48 horas”, agregó el último parte médico.
Entre los sospechosos se encontraron a cuatro jóvenes identificados como Raúl Alfonso López de 25 años, Alejandro Axel Angulo Tapia de 26, Patricio Ahumada Garay de 25 y Fabián Mora Mora de 19 años, simpatizantes de las ideologías nazis y con antecedentes por xenofobia y otros delitos, actualmente procesados como autores directos.
Este suceso marcó la agenda legislativa del país y ha generado un amplio debate tanto en la prensa como en las redes sociales, con manifestaciones de apoyo de figuras internacionales y un rol activo desde el gobierno para acelerar la tramitación de la Ley Antidiscriminación.
Declaraciones como la del director del INJUV (Instituto Nacional de la Juventud), Luis Felipe San Martín, en cuanto a que este ataque “excede los límites de un delito común, debido a que resulta evidente que se trata de una expresión de odio e intolerancia en contra de un joven en razón de su orientación sexual, lo que va en contra de los principios mínimos de convivencia en una sociedad libre y democrática”, se han repetido desde diversas autoridades, parlamentarios y figuras públicas en apoyo a Daniel y la situación que cientos de personas viven a diario a falta de una legislación que proteja sus derechos y sancione los actos de esta naturaleza.
Desde Fundación Iguales y a raíz del proyecto de Ley Antidiscriminación, se destaca la necesidad de mejorar algunos puntos, entre los que se cuentan: poner el derecho de igualdad y no discriminación al mismo nivel que los otros derechos fundamentales; la obligación del Estado de ejecutar políticas públicas, especialmente en el ámbito de la educación, orientadas a prevenir y eliminar toda forma de discriminación; así como agregar la categoría identidad de género (referida a transexuales y transgéneras).
