Señor director,
La Corte Suprema ha emitido su informe respecto al proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en Chile, en el cual la Cámara de Diputados aprobó en mayo pasado que todas las familias, sin prelaciones ni exclusiones, puedan iniciar procedimientos de adopción.
En este informe, la Corte Suprema señaló que permitir que dos personas, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género, puedan solicitar la adopción de un niño, niña o adolescente, constituye un avance hacia la plena igualdad ante la ley y dignidad de todas las personas.
La postura del Poder Judicial y del Poder Legislativo están en línea con lo que señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24 en noviembre de 2017, como también con las definiciones tomadas en varios países de la región como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.
Estas definiciones van en directa defensa del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que viven alejados de sus hogares, pues la única forma de poder asegurar que sean recibidos por la mejor familia disponible, es evaluando bajo los mismos parámetros a todas las familias interesadas en recibir a un niño en adopción.
Es hora que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera priorice las habilidades parentales y la idoneidad de las familias por sobre la composición de las mismas, ya que hasta ahora ha insistido en priorizar estereotipos familiares por sobre las habilidades parentales de sus integrantes. Esta es la única forma de poner primero en la fila a esos niños y niñas que hoy no cuentan con un hogar donde vivir.
Juan Enrique Pi
Presidente ejecutivo Fundación Iguales
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