Después de tres años de tramitación, el proyecto salió de la Comisión de Derechos Humanos y queda en condiciones de ser votado por la sala de la Cámara Alta. Sin embargo, la fundación lamentó que se exigiera informes médicos en caso de niños/as.

Durante esta tarde la Comisión de Derechos Humanos del Senado despachó el proyecto de Ley de Identidad de Género que busca que las personas trans puedan adecuar su nombre y sexo registral al correspondiente a su vivencia de género.

“Este es un paso fundamental. Las personas trans son las más vulneradas de la diversidad sexual, y requieren urgente un mecanismo para adecuar sus documentos. Esto ya existe en países vecinos como Argentina, Bolivia y Uruguay, por lo que Chile está tremendamente atrasado”, señaló Luis Larrain, presidente ejecutivo de Iguales.

El proyecto establece, entre otros aspectos, que el trámite para generar este cambio de nombre y sexo registral se realice en el caso de las personas adultas ante el Registro Civil, sin tener la necesidad de presentar antecedentes médicos y/o someterse a la decisión de un/a juez/a.

Entre las indicaciones que fueron aprobadas, está la que prohíbe exigir como requisito las cirugías de reasignación de sexo a personas trans menores de 18 años, aquella que establece que los/as adolescentes –desde los 14 años– puedan realizar el trámite de cambio de nombre y sexo registral ante el Registro Civil en tanto cuenten con el consentimiento de ambos padres, representantes o quienes tengan la custodia legal de él o la menor, mientras que en caso de no tenerlo, el trámite tendrá que realizarse ante un juez de los tribunales de familia.

También se aprobaron aquellas que entregan facultades a  jueces y juezas para pedir informes médicos y sicológicos que “acrediten” que un niño/a es trans y la propuesta por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que elimina la prohibición de negarse a atender a personas trans. Esta última es particularmente compleja, ya que no se podrá asegurar que “ninguna personas o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir los derechos establecidos en esta ley”, como rezaba el proyecto antes de esta modificación.

“Dado que la identidad es un derecho, nos parece sumamente cuestionable que sea un tercero quien deba acreditarla en el caso de niños/as. Eso es un retroceso que trataremos de revertir en lo que queda de tramitación”, agregó Larrain.

Por otra parte, Iguales celebró el rechazo de las indicaciones que buscaban que se terminara automáticamente con el matrimonio de una persona trans que cambiara su sexo registral y aquella que pretendía establecer como requisito un informe médico para establecer el cambio de sexo registral en el caso de personas adultas.

En cuanto a los pasos posteriores el proyecto debe aún pasar a sala, para luego ser votado en la Cámara de Diputados. En lo que respecta a eventual entrada en vigencia de la ley se aprobó la indicación del Ejecutivo que proponía que la Ley de Identidad de Género entrada en vigencia un año y no seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

La directora jurídica de Iguales, Jimena Lizama, lamentó el plazo de un año para la entrada en vigencia de esta ley “puesto que su tramitación ya ha sido demasiado extensa. En los casos que el cambio de nombre y sexo registral sea por vía administrativa, las personas solo deberán llenar un formulario del Registro Civil, por lo que no se entiende ni se justifica que el plazo de adecuación sea de un año”.