Ley de identidad de género

El 7 de mayo de 2013 ingresó el proyecto que “Reconoce y da Protección al Derecho a la Identidad de Género” –conocido como Ley de Identidad de Género- al Senado. El texto original del proyecto fue presentado por OTD con el apoyo de Fundación Iguales y redactado por la académica de la Universidad de Concepción y abogada especialista en DDHH, Ximena Gauché y fue patrocinado vía moción por los/as senadores/as Lily Pérez, Ximena Rincón, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier.

Durante ese año, la Presidenta Michelle Bachelet, incluyó la ley de identidad de género a su programa de gobierno gracias al trabajo de su comando con las organizaciones de diversidad sexual, entre ellas nuestra fundación.

Desde entonces, el proyecto ha sido dilatado. El 10 de marzo de 2014, luego de la aprobación de la idea de legislar por parte del Senado, vencía el primer plazo para la presentación de indicaciones. Sin embargo, y debido a sucesivas prórrogas, el plazo culminó recién el 24 de agosto de 2015.

El 21 de mayo de 2015 Bachelet anunció en su cuenta pública que la impulsaría: “En ese mismo espíritu de ir desatando los nudos de discriminación y desigualdad que aún persisten en la sociedad chilena, estamos trabajando en las indicaciones al proyecto de ley de Identidad de Género. El derecho a una identidad acorde a la experiencia vivida debe ser garantizado por el conjunto de la sociedad”.

El 4 de noviembre de 2015, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado despachó por fin el proyecto, tras lo cual –en teoría– el proyecto sería votado en el pleno para pasar a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el 17 de noviembre la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) elevó en consulta el proyecto a la Corte Suprema para conocer su parecer sobre los artículos que tratan acerca de la prohibición de patologizar el proceso de reconocimiento de cambio de nombre y sexo registral. Casi una semana después, el 23 de ese mesmediante oficio (N° 129-2015) la Corte respaldó que el trámite sea administrativo y no judicial para resguardar de este modo la dignidad de las personas trans:

“El procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el Oficial de Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial, reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud está referida a menores de edad”.

El pronunciamiento de la Suprema fue la excusa perfecta para que el 17 de diciembre de 2015 la senadora Van Rysselberghe, presidenta en ese minuto de la comisión, decidiera enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta maniobra dilatoria, apoyada por los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Manuel Antonio Matta (DC), quedó en evidencia cuando, tras más de cinco meses en esta última comisión y sin haber sido puesta en tabla nunca.

El 31 de mayo de 2016 la sala acordó que el proyecto volviera a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Luego de tres meses, y tras la votación de tres nuevas indicaciones presentadas por el Ejecutivo para definir la inclusión de niños, niñas y de adolescentes (NNA), el 12 de septiembre de 2016 volvió a ser despachado para ser votado en la Sala del Senado.

En lo que respecta a niños y niñas, las indicaciones del Ejecutivo consideraban que la solicitud fuera ante los Tribunales de Familia, en compañía y con la autorización de los padres, madres o representantes legales del niño o la niña, sugiriendo acompañar de informes de salud mental que descarten un trastorno de personalidad, otro sicológico que desestime la influencia de terceros/as sobre la voluntad del o la solicitante y un tercero que certifique que éste/a y su familia han recibido orientación de un/a especialista por lo menos durante un año.

En el caso de los/as adolescentes, la solicitud también debe ser presentada ante los Tribunales de Familia, sin embargo, los informes solo serán requeridos en caso de que los padres, madres o representantes legales se opongan al cambio.

Sin embargo, esto último fue cambiado luego de que el senador Ossandón comprometiera su apoyo a las indicaciones sobre NNA, en tanto se estableciera que el juez o la jueza siempre debía exigir los informes. El Ejecutivo accedió al cambio y la Comisión aprobó la indicación.

Un día después, el 13 de septiembre, el texto volvió a la comisión donde se presentaron 37 nuevas indicaciones: 20 de ellas presentadas por el senador Allamand, 13 por Van Rysselberghe, 3 por parte del Ejecutivo y una por parte de Navarro.

El 5 de octubre se despachó por tercera vez, tras regular la situación de las personas trans que estuvieran casadas al momento de solicitar el cambio de sexo registral.

El 2 de noviembre, día en que el proyecto estaba en el primer lugar de la tabla para ser votado por el Senado, los/as jefes/as de bancada acordaron enviarlo por cuarta vez a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, fijándose un nuevo plazo de indicaciones hasta el 21 de noviembre y determinando que volverá a ser puesto en tabla en la sala el 13 de diciembre.

El 11 de noviembre la Suprema respondió a una nueva consulta, elevada por la comisión el 20 de octubre, mediante un oficio en el que cuestionó la falta de requisitos ante las solicitudes de adolescentes para realizar el cambio de nombre y de sexo registral. “Sin perjuicio de la opción que se adopte en cuanto al órgano que debe conocer de la solicitud, debe tenerse presente que en este caso no se requerirán informes de salud mental, psicológicos o psicosociales, por lo que no habrá forma de controlar que el adolescente no esté padeciendo de un trastorno de personalidad, ni que sean los padres quienes realmente estén imponiendo la decisión al adolescente”, señaló la máxima corte.

El 21 de noviembre concluyó el décimo tercer periodo de indicaciones. En esa oportunidad se presentaron 78 nuevas indicaciones que en su mayoría, buscan impedir  que niños, niñas y adolescentes (NNA) puedan acceder a este trámite. 70 de ellas fueron presentadas por los/as senadores/as Jacqueline van Rysselberghe (28), Andrés Allamand (26) y Manuel José Ossandón (16).

El 21 de diciembre de 2016 el Ejecutivo pidió abrir un decimocuarto periodo de indicaciones para agregar dos nuevos puntos que a criterio de la titular de la Segegob, Paula Narváez, facilitaría el despacho de la ley a segundo trámite. El periodo de indicaciones concluirá el 16 de enero de 2017.

El lunes 16 de enero de 2017 finalizó el decimocuarto periodo de indicaciones de esta iniciativa, que el próximo 7 de mayo, cumplirá cuatro años de tramitación en el Congreso. El miércoles 18 se citó a la comisión de Derechos Humanos del Senado para discutir las 120 indicaciones que el proyecto acumulaba a la fecha.

Este elevado número de indicaciones se debe a que el lunes recién pasado, cuando concluyó el decimocuarto período de indicaciones a esta iniciativa –que el 7 de mayo próximo cumplirá cuatro años de tramitación en el Senado, se presentaron 42 nuevas indicaciones. De ellas, 29 corresponden al senador Chahuán, 11 al Ejecutivo y 2 a la senadora van Rysselberghe. Ellas se sumaron a las 78 que aún esperaban ser discutidas desde el 21 de noviembre.

En la sesión solo se alcanzaron a discutir 8 de las 120 indicaciones y con los votos de Jacqueline van Rysselberghe y sus pares Manuel José Ossandón y Manuel Antonio Matta se decidió sacar del proyecto a niños, niñas y adolescentes, lo que es un enorme retroceso para los derechos de la comunidad trans.

Durante el 1 y el 22 de marzo de 2017 la discusión del proyecto de ley de identidad de género experimentó un nuevo retraso, ya que en dos oportunidades la sesión fracasó por falta de quorum, en otra la Comisión de DDHH no fue citada, por lo que solo en una cuarta oportunidad, se logró avanzar con la votación de 60 de las indicaciones que estaban pendientes.

El 5 de abril expusieron profesionales del Ministerio de Salud sobre las personas intesex, a propósito de una indicación que se refería a ellas. Ese día, no se votaron indicaciones, lo que respondió a una nueva maniobra dilatoria de sectores conservadores, pues las personas intersexuales no están consideradas en el proyecto de ley que busca que las personas trans puedan adecuar sus documentos de identificación, para que concuerden con su identidad de género.

El 12 de abril la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó una indicación que permite a terceros/as oponerse al cambio de nombre y sexo registral de una persona trans. Debido a esto los/as padres/madres, hijos/as y cónyuges de la persona trans que solicite el cambio de la partida de nacimiento podrían oponerse a que éste se lleve a cabo.

La medida  fue impulsada por el Senador Andrés Allamand —quien no es parte de la comisión— y aprobada gracias a los votos de los/as senadores/as Jacqueline van Rysselberghe, Manuel José Ossandón y Pedro Araya.

Además, en esta sesión y pese a que los niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron excluidos del proyecto a comienzos de año, la comisión escuchó a la endocrinóloga Francisca Ugarte y al urólogo infantil José Pablo López su negativa a incluir a NNA en la ley.

El 3 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado votó todas las indicaciones que estaban pendientes y se acordó que en la próxima sesión se despacharía el proyecto, luego de hacer las concordancias necesarias al texto de este. La iniciativa debía ser enviada a sala el miércoles 10 de mayo, cuatro años después de ser ingresada en el Congreso.

El 6 de junio comenzó la votación de en Sala del Senado del proyecto de ley de identidad de género. En la votación que se extendió hasta el miércoles 7 de junio y que continuará el martes 13, se aprobó por 17 votos a favor y 3 en contra que el trámite se realizara en el Registro Civil, por 23 votos a favor que las personas trans que estén casadas puedan hacer el procedimiento ante Tribunales de Familia y se rechazó, por 12 a 7, que terceros puedan oponerse al cambio y nombre de sexo registral de las personas trans.

Otra de las indicaciones que se aprobó, por 12 votos a favor y 7 en contra, fue la que exige a los/as solicitantes la presentación de una evaluación médica con el objeto de determinar  si “(él o ella) cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas necesarias para formular la solicitud”. Esta indicación fue rechazada por Iguales por considerarla patologizante y se espera sea revertida en segundo trámite.

El 20 de junio de 2017 el proyecto de ley de identidad de género pasó a la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional.

El 6 de septiembre de 2017 se inició la discusión del proyecto de ley de identidad de género en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En esta sesión, el Ejecutivo expuso sobre el contenido del proyecto y anunció que presentará indicaciones.

EL 13 de septiembre Fundación Iguales  expuso ante la Comisión, señalando que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, en conformidad a la jurisprudencia nacional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho comparado. Igualmente, se enfatizó que el proyecto debe garantizar un  trámite administrativo, no patologizante y que por ende no debe exigir informes psicológicos/psiquiátricos, ya que no se trata de un trastorno o patología.  Asimismo, la fundación manifestó que el proyecto debe incluir a niños, niñas y adolescentes, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, y a los avances de los distintos poderes del Estado, como por ejemplo la  Circular sobre derechos de niños, niñas y adolescentes trans en el ámbito de la educación.

Durante 8 sesiones se realizaron los periodos de audiencia ante la Comisión de DDHH las cuales se llevaron a cabo hasta el 3 de enero de 2018. En estas, expusieron ante la Comisión distintas personas y organizaciones tanto a favor como en contra del proyecto. Dentro de las organizaciones que expusieron a favor de este cabe señalar OTD Chile, Todo Mejora, Fundación Renaciendo, Corporación Opción, Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans Amanda Jofré, quienes explicaron que debido a la falta de reconocimiento de su identidad de género, a la discriminación de sus colegios, de sus propias familias y la sociedad en general tuvieron que dedicarse al comercio sexual, donde muchas mujeres trans han sufrido distintos tipos de agresiones e incluso han sido asesinadas. Igualmente, favor del proyecto de ley de identidad de género expuso el investigador del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Meza-Lopehandía.

Por otra parte, expusieron ante la Comisión de DDHH distintos opositores del proyecto, tales como: Organización Red por la Vida y la Familia, Fundación Jaime Guzmán, Comunidad y Justicia, Marcela Aranda, entre otros.

El 13 de diciembre de 2017, la Ministra Paula Narváez presentó indicaciones, dentro de las cuales cabe destacar: 1) la eliminación del requisito de la evaluación médica para la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en el caso de las personas mayores de edad; 2) inclusión del procedimiento para niños, niñas y adolescentes, caso en el cual  se debe presentar al menos uno de los tres siguientes informes: a) un informe que acredite que el NNA  y su entorno familiar han recibido acompañamiento profesional de educación o de salud por al menos dos años, b) un informe de salud mental que se refiera a la identidad de género del NNA, c) un informe psicológico que descarte la influencia determinante de terceros; 3) que la rectificación de partida de nacimiento respecto al cambio de nombre y sexo registral se pueda hacer solo una vez, excepto en el caso de niños, niñas y adolescentes, quienes al alcanzar la mayoría de edad, podrán hacerlo una vez más. Igualmente, el Ejecutivo presentó una indicación para que en el caso de la solicitud de rectificación de una persona con vínculo matrimonial el matrimonio no se disuelva obligatoriamente, sino que el o la cónyuge del solicitante tenga  la facultad de solicitar el término del matrimonio en caso que lo desee.

El 14 de diciembre de 2017 se otorgó suma urgencia al proyecto de ley.

El 2 de enero de 2018 se otorgó discusión inmediata al proyecto.

El día 3 de enero de 2018, se llevaron a cabo las últimas audiencias ante la Comisión de DDHH en torno al proyecto de ley de identidad de género, y tras estas, la Comisión aprobó en general el proyecto, por 8 votos a favor y 4 en contra. Quienes se manifestaron a favor fueron los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Loreto Carvajal (PPD), Felipe Letelier (PPD), Roberto Poblete, René Saffirio, Raúl Saldívar (PS), Sergio Ojeda (DC) y Felipe Kast (Evópoli). Mientras que quienes votaron en contra del proyecto fueron los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Diego Paulsen (RN) y Jorge Sabag (DC). Se acordó que los días 9, 10 y 11 de enero se llevaría a cabo la votación en particular del proyecto en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, hasta su total despacho, para votarlo en la Sala de la Cámara de Diputados el día 16 de enero.

El 4 de enero se cambió la urgencia del proyecto, a suma urgencia.

A los pocos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, manifestó su negativa a poner en tabla la discusión del proyecto de ley de identidad de género, ya que coincidía con la visita del Papa al país. “No me voy a prestar, como presidente (de la Cámara de diputados), para poner un tema en la polémica con la visita del Papa. No me voy a prestar para poner un tema que es de alta sensibilidad para la Iglesia”, dijo Espinoza a Radio Biobío.

Los días 9, 10 y 11 de enero 2018 se llevaron a cabo las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en las cuales se avanzó lentamente en la discusión del proyecto. En estas se aprobó la inclusión de niños, niñas y adolescentes, y además se aprobaron los principios de no patologización, no discriminación, de confidencialidad, dignidad en el trato, interés superior del niño y autonomía progresiva. Finalmente, el lunes 15 de enero la Comisión de DDHH  despachó el proyecto de ley de identidad de género, ya que terminó de votar en particular las indicaciones de este, resolviendo que en caso de cambio de nombre y sexo registral de personas casadas, estas deberían disolver su vínculo matrimonial hasta que no exista una ley de matrimonio igualitario. Asimismo, se aprobó el procedimiento de niños, niñas y adolescentes,  quienes podrían realizar el cambio de nombre y sexo registral con el consentimiento de los padres o representantes legales ante el Tribunal de Familia, más la presentación de un informe sobre identidad de género, salud mental o acompañamiento de 2 años.

El 23 de enero de 2018, con 68 votos a favor y 35 en contra la Cámara de Diputados aprobó en general y particular con modificaciones el proyecto de ley de identidad de género. El procedimiento de niños, niñas y adolescentes no contó con los votos suficientes para ser aprobado, y esto generó discrepancias en cuanto a su inclusión en el proyecto. Para ciertos legisladores y el Gobierno  estos estarían incorporados,  mientras que para otros, al no haber un procedimiento de rectificación, no estarían incluidos en el proyecto de ley.

El mismo 23 de enero, se publicó un oficio de la Corte Suprema en el cual esta avaló la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley y señaló que “permitir el ejercicio progresivo de los derechos es una responsabilidad del Estado y de las familias, a quienes corresponde apoyar y proteger el desarrollo de los niños de manera que alcancen, gradualmente, la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades”.

Luego de que el día 6 de marzo de 2018 se otorgara suma urgencia al proyecto de ley de identidad de género, y horas después discusión inmediata, el Senado acordó eximir el proyecto del trámite de Comisión en su tercer trámite, por lo que la Sala del Senado se pronunció directamente sobre las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, rechazándolas. Las principales discrepancias tienen relación con la situación de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley y las personas que quieren acceder al cambio y cuentan con vínculo matrimonial. Con el rechazo de las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, el proyecto concluyó su tercer trámite, y pasó a Comisión Mixta.

El día 13 de marzo el gobierno otorgó urgencia simple al proyecto de ley.

El 14 de marzo la Cámara de Diputados acordó cuáles diputado/as conformarían la Comisión Mixta, siendo designado/as los siguientes: Natalia Castillo, Jaime Bellolio, Leopoldo Pérez, Raúl Saldívar y Matías Walker.

El 21 de marzo se designaron la/os senadores que conformarían la Comisión Mixta: Adriana Muñoz,  Jacqueline van Rysselberghe, Juan Ignacio Latorre, Felipe Kast y Alejandro Navarro.

El 2 de abril se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Mixta, en la cual se eligió como presidenta de esta a la senadora Adriana Muñoz. En esta sesión se acordó invitar a exponer organizaciones y  a Hernán Larraín, ministro de Justicia, para que se pronuncien respecto al proyecto de ley.

El lunes 9 de abril la Comisión Mixta sesionó por segunda vez. En esta, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, expuso la postura del Gobierno y respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes señaló lo siguiente: “para los menores de 14 años no se podrá acceder a un cambio registral, pero sus padres podrán buscar los medios para acompañar este proceso, con el apoyo de los sistemas educativos y de salud podrán apoyar; y para los adolescentes mayores de 14 años y menores 18 años, los padres podrán solicitar el cambio registral adjudicando los antecedentes médicos y otros que acrediten que se ha ido suscitando este hecho, lo que podrá ser modificado por el adolescente ante el registro civil, en el momento que cumpla la mayoría de edad y optar a una cirugía solo podrá ser cuando cumplan mayoría de edad”.  Además, en la sesión expusieron distintas organizaciones y personas interesadas en el proyecto de ley.

El lunes 16 de abril la Comisión Mixta sesionó por tercera vez para escuchar al padre una de persona trans, médicos, académicos/as, como también a un conjunto de organizaciones tanto a favor como en contra del proyecto de ley. Entre ellas, expuso Fundación Iguales, argumentando a favor del reconocimiento del derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes.

Durante los meses de abril y mayo, el Ejecutivo ha renovado la urgencia simple del proyecto de ley, ya que esta tiene una menor duración, al estar el proyecto en Comisión Mixta.

El lunes 7 de mayo, el mismo día que se cumplieron 5 años desde el ingreso del proyecto, la Comisión Mixta sesionó por cuarta vez. Ahí se acordó recibir propuestas por parte de los/as senadores/as diputado/as hasta el 10 de mayo, para luego empezar su discusión el 14 de mayo, y así poder alcanzar a despachar el proyecto el 6 de junio.

El lunes 14 de mayo se dieron a conocer las 200 propuestas al proyecto de ley de lo/as distintos parlamentarios, las cuales se comenzaron a discutir el mismo día en la quinta sesión de la Comisión Mixta. Uno de los principales puntos que se votó, fue que se estableció la definición de la identidad de género como un derecho y no solo como un procedimiento de cambio de nombre y sexo registral. Así, con siete votos en contra, dos a favor y una abstención, la propuesta del Ejecutivo que buscaba cambiar la definición de identidad de género como un derecho por un “procedimiento de la rectificación de la inscripción relativa al sexo y nombre” fue rechazada. Asimismo, se avanzó en la votación de 20 propuestas durante toda la sesión. 

En la sesión del 4 de junio, se aprobó que el cambio de nombre y sexo registral se podrá efectuar hasta por dos veces en el caso de las personas mayores de edad.  Igualmente, se aprobaron los artículos relacionados con las garantías asociadas al goce y ejercicio del derecho a la identidad de género, como también, los principios que derivan de este: no patologización, no discriminación, confidencialidad, dignidad en el trato, interés superior del niño y autonomía progresiva.

En la sesión del 11 de junio, se comenzó a discutir en la Comisión Mixta la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley, lo cual se votará en las próximas sesiones.

En la sesión del lunes 18 de junio se aprobó la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley. Así, con 6 votos a favor y 2 en contra, se aprobó incluir a los adolescentes entre los 14 y 18 años; mientras que con 7 votos a favor y 3 en contra, se acordó que los menores de 14 años también puedan acceder al cambio de nombre y sexo registral. Al respecto, tanto la diputada Francesca Muñoz como la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) se opusieron a la inclusión estos, y esta última, hizo una reserva de constitucionalidad al respecto. Por otra parte, la senadora Adriana Muñoz (PPD), presidenta de la Comisión Mixta, destacó que la incorporación de niños, niñas y adolescentes es un paso muy importante. 


Asimismo, se aprobó que los órganos competentes para realizar el trámite serán los tribunales de familia en el caso de niños, niñas y adolescentes; y el Registro Civil para las personas mayores de edad sin vínculo matrimonial. Respecto a estos últimos, se votó a favor de la indicación del Ejecutivo, la cual establece que el Registro civil citará en el más breve plazo posible al solicitante y a dos testigos hábiles a una audiencia especial para declarar que el solicitante conoce todos los efectos jurídicos que implica el acogimiento de la solicitud de cambio de nombre y sexo registral. 

En la actualidad, pocos son los países que tienen una Ley de Identidad de Género que permita a las personas de la comunidad trans cambiar legalmente sus documentos sin pasar a llevar su dignidad. Aunque hay países, como el nuestro, en el que estos trámites se puedan realizar, muchas veces quedan a discreción de jueces que piden una serie de exámenes y pruebas que dificultan el proceso.

Hoy en día, los países que tienen una Ley de Identidad de Género que permite el cambio de sexo legalmente son: Malta, Argentina, Dinamarca, España, Uruguay, Irlanda y Bolivia. A estos se les suma México y Colombia, que cuentan con decretos que permiten el cambio por vía administrativa

Proyecto de Ley

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Comparado LIG Votación Sala

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Boletín de Propuestas LIG Comisión Mixta

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Actualmente, Chile no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que a las personas trans no se les reconoce y protege su derecho a la identidad. Esto muchas veces genera dificultades para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, al trabajo, vivienda y salud. Al no existir una ley que permita el cambio de nombre y sexo registral, las personas trans acuden ante los tribunales civiles, donde en muchos casos, para acceder a esta solicitud, se exige el sometimiento a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos hormonales “pertinentes”, y la realización de peritajes psicológicos y físicos. Esto es un criterio patologizante y denigrante, que vulnera los derechos humanos de las personas trans. Por lo anterior, es urgente una ley de identidad de género que reconozca y proteja la identidad de género de todas las personas, y que establezca un procedimiento conforme a los derechos humanos para las solicitudes de cambio de nombre y sexo registral.