Ley de identidad de género

El 7 de mayo de 2013 ingresó el proyecto que “Reconoce y da Protección al Derecho a la Identidad de Género” –conocido como Ley de Identidad de Género- al Senado. El texto original del proyecto fue presentado por OTD con el apoyo de Fundación Iguales y redactado por la académica de la Universidad de Concepción y abogada especialista en DDHH, Ximena Gauché y fue patrocinado vía moción por los/as senadores/as Lily Pérez, Ximena Rincón, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier.

Durante ese año, la Presidenta Michelle Bachelet, incluyó la ley de identidad de género a su programa de gobierno gracias al trabajo de su comando con las organizaciones de diversidad sexual, entre ellas nuestra fundación.

Desde entonces, el proyecto ha sido dilatado. El 10 de marzo de 2014, luego de la aprobación de la idea de legislar por parte del Senado, vencía el primer plazo para la presentación de indicaciones. Sin embargo, y debido a sucesivas prórrogas, el plazo culminó recién el 24 de agosto de 2015.

El 21 de mayo de 2015 Bachelet anunció en su cuenta pública que la impulsaría: “En ese mismo espíritu de ir desatando los nudos de discriminación y desigualdad que aún persisten en la sociedad chilena, estamos trabajando en las indicaciones al proyecto de ley de Identidad de Género. El derecho a una identidad acorde a la experiencia vivida debe ser garantizado por el conjunto de la sociedad”.

El 4 de noviembre de 2015, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado despachó por fin el proyecto, tras lo cual –en teoría– el proyecto sería votado en el pleno para pasar a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el 17 de noviembre la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) elevó en consulta el proyecto a la Corte Suprema para conocer su parecer sobre los artículos que tratan acerca de la prohibición de patologizar el proceso de reconocimiento de cambio de nombre y sexo registral. Casi una semana después, el 23 de ese mes, mediante oficio (N° 129-2015) la Corte respaldó que el trámite sea administrativo y no judicial para resguardar de este modo la dignidad de las personas trans:

“El procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el Oficial de Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial, reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud está referida a menores de edad”.

El pronunciamiento de la Suprema fue la excusa perfecta para que el 17 de diciembre de 2015 la senadora Van Rysselberghe, presidenta en ese minuto de la comisión, decidiera enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta maniobra dilatoria, apoyada por los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Manuel Antonio Matta (DC), quedó en evidencia cuando, tras más de cinco meses en esta última comisión y sin haber sido puesta en tabla nunca.

El 31 de mayo de 2016 la sala acordó que el proyecto volviera a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Luego de tres meses, y tras la votación de tres nuevas indicaciones presentadas por el Ejecutivo para definir la inclusión de niños, niñas y de adolescentes (NNA), el 12 de septiembre de 2016 volvió a ser despachado para ser votado en la Sala del Senado.

En lo que respecta a niños y niñas, las indicaciones del Ejecutivo consideraban que la solicitud fuera ante los Tribunales de Familia, en compañía y con la autorización de los padres, madres o representantes legales del niño o la niña, sugiriendo acompañar de informes de salud mental que descarten un trastorno de personalidad, otro sicológico que desestime la influencia de terceros/as sobre la voluntad del o la solicitante y un tercero que certifique que éste/a y su familia han recibido orientación de un/a especialista por lo menos durante un año.

En el caso de los/as adolescentes, la solicitud también debe ser presentada ante los Tribunales de Familia, sin embargo, los informes solo serán requeridos en caso de que los padres, madres o representantes legales se opongan al cambio.

Sin embargo, esto último fue cambiado luego de que el senador Ossandón comprometiera su apoyo a las indicaciones sobre NNA, en tanto se estableciera que el juez o la jueza siempre debía exigir los informes. El Ejecutivo accedió al cambio y la Comisión aprobó la indicación.

Un día después, el 13 de septiembre, el texto volvió a la comisión donde se presentaron 37 nuevas indicaciones: 20 de ellas presentadas por el senador Allamand, 13 por Van Rysselberghe, 3 por parte del Ejecutivo y una por parte de Navarro.

El 5 de octubre se despachó por tercera vez, tras regular la situación de las personas trans que estuvieran casadas al momento de solicitar el cambio de sexo registral.

El 2 de noviembre, día en que el proyecto estaba en el primer lugar de la tabla para ser votado por el Senado, los/as jefes/as de bancada acordaron enviarlo por cuarta vez a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, fijándose un nuevo plazo de indicaciones hasta el 21 de noviembre y determinando que volverá a ser puesto en tabla en la sala el 13 de diciembre.

El 11 de noviembre la Suprema respondió a una nueva consulta, elevada por la comisión el 20 de octubre, mediante un oficio en el que cuestionó la falta de requisitos ante las solicitudes de adolescentes para realizar el cambio de nombre y de sexo registral. “Sin perjuicio de la opción que se adopte en cuanto al órgano que debe conocer de la solicitud, debe tenerse presente que en este caso no se requerirán informes de salud mental, psicológicos o psicosociales, por lo que no habrá forma de controlar que el adolescente no esté padeciendo de un trastorno de personalidad, ni que sean los padres quienes realmente estén imponiendo la decisión al adolescente”, señaló la máxima corte.

El 21 de noviembre concluyó el décimo tercer periodo de indicaciones. En esa oportunidad se presentaron 78 nuevas indicaciones que en su mayoría, buscan impedir  que niños, niñas y adolescentes (NNA) puedan acceder a este trámite. 70 de ellas fueron presentadas por los/as senadores/as Jacqueline van Rysselberghe (28), Andrés Allamand (26) y Manuel José Ossandón (16).

El 21 de diciembre de 2016 el Ejecutivo pidió abrir un decimocuarto periodo de indicaciones para agregar dos nuevos puntos que a criterio de la titular de la Segegob, Paula Narváez, facilitaría el despacho de la ley a segundo trámite. El periodo de indicaciones concluirá el 16 de enero de 2017.

El lunes 16 de enero de 2017 finalizó el decimocuarto periodo de indicaciones de esta iniciativa, que el próximo 7 de mayo, cumplirá cuatro años de tramitación en el Congreso. El miércoles 18 se citó a la comisión de Derechos Humanos del Senado para discutir las 120 inidcaciones que el proyecto acumulaba a la fecha.

Este elevado número de indicaciones se debe a que el lunes recién pasado, cuando concluyó el decimocuarto período de indicaciones a esta iniciativa –que el 7 de mayo próximo cumplirá cuatro años de tramitación en el Senado, se presentaron 42 nuevas indicaciones. De ellas, 29 corresponden al senador Chahuán, 11 al Ejecutivo y 2 a la senadora van Rysselberghe. Ellas se sumaron a las 78 que aún esperaban ser discutidas desde el 21 de noviembre.

En la sesión solo se alcanzaron a discutir 8 de las 120 indicaciones y con los votos de Jacqueline van Rysselberghe y sus pares Manuel José Ossandón y Manuel Antonio Matta se decidió sacar del proyecto a niños, niñas y adolescentes, lo que es un enorme retroceso para los derechos de la comunidad trans.

El 1 de marzo y pese estar citada la Comisión de DDHH, la sesión fracasó por falta de quorum, ya que no asistió ninguno/a de sus integrantes.

El 8 de marzo la Comisión de DDHH no fue citada a sesionar.

El 14 de marzo se dejó sin efecto la citación a sesionar el miércoles 15 por falta de quórum.

El 22 de marzo se votaron casi 60 indicaciones en una sesión que duró cerca de dos horas y treinta minutos.
El 5 de abril expusieron profesionales del Ministerio de Salud sobre las personas intesex, a propósito de una indicación que se refería a ellas. Ese día, no se votaron indicaciones.

El 12 de abril la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó una indicación que permite a terceros/as oponerse al cambio de nombre y sexo registral de una persona trans. Debido a esto los/as padres/madres, hijos/as y cónyuges de la persona trans que solicite el cambio de la partida de nacimiento podrían oponerse a que éste se lleve a cabo.

La medida  fue impulsada por el Senador Andrés Allamand —quien no es parte de la comisión— y aprobada gracias a los votos de los/as senadores/as Jacqueline van Rysselberghe, Manuel José Ossandón y Pedro Araya.

Además, en esta sesión y pese a que los niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron excluidos del proyecto a comienzos de año, la comisión escuchó a la endocrinóloga Francisca Ugarte y al urólogo infantil José Pablo López su negativa a incluir a NNA en la ley.

El 3 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado votó todas las indicaciones que estaban pendientes y se acordó que en la próxima sesión se despacharía el proyecto, luego de hacer las concordancias necesarias al texto de este. La iniciativa debía ser enviada a sala el miércoles 10 de mayo, cuatro años después de ser ingresada en el Congreso.

El 6 de junio comenzó la votación de en Sala del Senado del proyecto de ley de identidad de género. En la votación que se extendió hasta el miércoles 7 de junio y que continuará el martes 13, se aprobó por 17 votos a favor y 3 en contra que el trámite se realizara en el Registro Civil, por 23 votos a favor que las personas trans que estén casadas puedan hacer el procedimiento ante Tribunales de Familia y se rechazó, por 12 a 7, que terceros puedan oponerse al cambio y nombre de sexo registral de las personas trans.

Otra de las indicaciones que se aprobó, por 12 votos a favor y 7 en contra, fue la que exige a los/as solicitantes la presentación de una evaluación médica con el objeto de determinar  si “(él o ella) cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas necesarias para formular la solicitud”. Esta indicación fue rechazada por Iguales por considerarla patologizante y se espea sea revertida en segundo trámite.

En la actualidad, pocos son los países que tienen una Ley de Identidad de Género que permita a las personas de la comunidad trans cambiar legalmente sus documentos sin pasar a llevar su dignidad. Aunque hay países, como el nuestro, en el que estos trámites se puedan realizar, muchas veces quedan a discreción de jueces que piden una serie de exámenes y pruebas que dificultan el proceso.

Hoy en día, los países que tienen una Ley de Identidad de Género que permite el cambio de sexo legalmente son: Malta, Argentina, Dinamarca, España, Uruguay, Irlanda y Bolivia. A estos se les suma México y Colombia, que cuentan con decretos que permiten el cambio por vía administrativa

Proyecto de Ley

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Comparado LIG octubre

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Actualmente, Chile no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que a las personas trans no se les reconoce y protege su derecho a la identidad. Esto muchas veces genera dificultades para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, al trabajo, vivienda y salud. Al no existir una ley que permita el cambio de nombre y sexo registral, las personas trans acuden ante los tribunales civiles, donde en muchos casos, para acceder a esta solicitud, se exige el sometimiento a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos hormonales “pertinentes”, y la realización de peritajes psicológicos y físicos. Esto es un criterio patologizante y denigrante, que vulnera los derechos humanos de las personas trans. Por lo anterior, es urgente una ley de identidad de género que reconozca y proteja la identidad de género de todas las personas, y que establezca un procedimiento conforme a los derechos humanos para las solicitudes de cambio de nombre y sexo registral.