Esta tarde Hernán Larraín, junto con la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, explicaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara las razones que llevaron al Gobierno a asegurar que “el Estado chileno no está obligado a impulsar ni lograr aprobar el matrimonio igualitario”, pese al Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), vigente entre el Ejecutivo y Movilh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El dos de octubre y durante una reunión entre representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Cancillería, los abogados de Movilh, Ciro Colombara y Hunter Carter (quienes son peticionarios en el ASA), y el relator de la CIDH para Chile, Luis Ernesto Vargas, el Gobierno habría dado por cumplidos los puntos del acuerdo y argumentado que “el Estado chileno no está obligado a impulsar ni lograr aprobar el matrimonio igualitario”.

A raíz de estos dichos, fue que la Comisión de Constitución de la Cámara citó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y a la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, a explicar esta situación que fue duramente criticada por organizaciones de la diversidad sexual y de género, como Fundación Iguales, por considerar que no era efectivo que el Gobierno hubiera cumplido a cabalidad con lo establecido en el ASA.

En su exposición, el ministro Larraín reiteró lo señalado ante la CIDH el 2 de octubre y explicó que con la presentación del proyecto de ley se encontraría cumplido el acuerdo y que, por lo tanto, el “Ejecutivo no puede obligarse a aprobar una ley, que es función del Congreso”.

“Es obvio que el gobierno no puede obligarse a aprobar un proyecto de ley, pero eso no significa que no tenga nada más que hacer luego de ingresar una iniciativa al Congreso. El Gobierno es colegislador, y por tanto, tiene herramientas para hacer que el proyecto avance, como son las urgencias, que son atribución exclusiva del Ejecutivo”, explicó Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Iguales.

La comisión citó a Iguales y a Movilh a exponer en una fecha por confirmar durante las próximas semanas para dar a conocer las razones por las cuales considera que el Gobierno no ha cumplido con el ASA.